#1410-No a las domiciliarias – No a la impunidad

Los organismos que formamos parte de Justicia Ya! Buenos Aires denunciamos la profundización de la política de estado que lleva a la consagración de la impunidad.

Hace más de 12 años se reanudaron los juicios contra represores y genocidas que actuaron durante la última dictadura.

Estos juicios históricos y ejemplares son un triunfo indiscutido de la lucha de nuestro pueblo y sus organizaciones.

Los crímenes que en ellos se juzgan son delitos de Genocidio, es decir que ofenden y afectan a toda la humanidad: es el “crimen de crímenes”

Por ese motivo los responsables deben ser juzgados tomando en cuenta esta característica que los define, ya que son infinitamente más graves que los delitos cometidos por cualquier persona individual.

Sin embargo la fragmentación de las causas y los larguísimos tiempos de instrucción de las mismas llevan a que numerosos represores no hayan sido aún llevados a juicio

Y obviamente, habiendo pasado más de 40 años desde la instauración de la dictadura, es evidente que lo que hace años venimos presagiando respecto a la “impunidad biológica” se va cumpliendo cada vez más: muchos genocidas mueren impunes y en libertad, antes de ser juzgados.

Por otra parte, y mientras los juicios continúan desarrollándose, tenemos la responsabilidad de denunciar, como parte de una política que busca afianzarse cada vez más, el otorgamiento de enormes beneficios a los represores condenados. Que no les corresponden por la calidad de delitos cometidos, y de los cuales no gozan la inmensa mayoría de los presos comunes.

Ejemplo de esto es el fallo dictado hace pocos días por la Cámara Federal de Casación otorgándole el beneficio de prisión domiciliaria al represor Jorge Osvaldo Steding, quien está condenado a 17 años de cárcel por el secuestro ilegal, las torturas y la muerte en 1976 del diputado Mario Abel Amaya. Las razones aducidas por el Tribunal, desconociendo los informes médicos que indicaban que el condenado no sufría ninguna patología de gravedad, fueron de “índole humanitaria”, tan sólo por haber llegado a la edad de 70 años. Es decir, Steding sólo estuvo preso  3 años.

Este caso no es una excepción: hay más de 550 represores, entre procesados con prisión preventiva y condenados, que gozan de prisión domiciliaria. Es decir, la mitad de los represores acusados hasta el momento que siguen con vida, muchísimos de ellos ya condenados, se encuentran en sus casas. Mientras tanto, el paso del tiempo también alcanza a las víctimas y a sus familiares, y muchos de ellos mueren sin que los responsables de estos atroces crímenes sean juzgados y condenados.

O deben convivir con la posibilidad de encontrarse en alguna circunstancia cotidiana con sus torturadores o con los asesinos de sus familiares y compañeros, con el riesgo físico y emocional que esto conlleva. Ya que las prisiones domiciliarias son en muchas oportunidades violadas.

Más allá del innegable valor simbólico que tienen los juicios en cuanto a construcción de memoria histórica, la condena real y de cumplimiento efectivo en cárceles comunes sin beneficios especiales para los represores es una responsabilidad del Estado, y éste debe garantizarla. Porque no son acusados comunes, formaron parte del aparato del Estado y cometieron gravísimos crímenes que deben ser considerados con la especificidad que les cabe.

De no ser así, este mismo Estado avala y garantiza la continuidad de la impunidad de la que gozaron los genocidas desde la dictadura

JUSTICIA YA! BUENOS AIRES