Cuando no hay diálogo ni escucha ni acompañamiento, lo que hay son motines, incendios y muertes.
Desde el comienzo de la pandemia se pusieron de manifiesto las brutales desigualdades sociales y económicas, como también las prioridades en políticas públicas para atender a quienes históricamente son olvidades e intencionalmente excluides y encerrades.
En los Centros de detención de jóvenes y adolescentes de la provincia de Buenos Aires se produjeron en los últimos meses motines, incendios y situaciones de violencia. La salud mental desatendida con la consecuente escalada de violencia, suicidios y muertes evitables. Entre ellas la de Nazareno Saucedo de 17 años, quien en octubre de este año perdió su vida en el Centro Cerrado Almafuerte. Nazareno fue torturado por pedir más tiempo para hablar con su familia y al día siguiente apareció muerto en su celda.
Situaciones de encierro que se agravan y se profundizan por los “protocolos COVID” utilizados como una herramienta más para la represión, traslados arbitrarios y movimientos de adolescentes en represalias a sus reclamos, alimentos en mal estado y espacios de recreación y educación recortados se suman a una larga lista de vulneración de derechos.
Si la situación en las instituciones de encierro ya era alarmante, en este contexto de emergencia sanitaria se le suma un aislamiento aún mayor. En los dispositivos de encierro de la provincia de Buenos Aires («cárceles para menores») se cortaron las visitas de las familias y en la mayoría de los casos no se garantizó un contacto mínimo de manera virtual. Siendo aún más importante, en este contexto, el no haber previsto medidas de contención y acompañamiento a les jóvenes, entendiendo lo que ésta medida de mayor aislamiento y pérdida de contacto afectivo significaba. Esta es una expresión más de la desidia y desprecio de los funcionarios de la provincia y de los organismos gubernamentales de niñez y adolescencia en particular.
A ello debemos sumarle la vulneración al derecho a la educación y a la recreación. Mucho se habló en los medios y en diferentes espacios donde convocaban a especialistas para debatir la importancia de que les niñes y les adolescentes recuperen las clases, lo importante de la socialización y de los espacios de recreación para un crecimiento pleno. Pero nadie se detuvo a discutir que pasaba con les adolescentes que están creciendo en el encierro. Por la disposición general del ASPO los docentes y personal externo a las instituciones dejaron de asistir. La conectividad y las actividades virtuales que fueron las protagonistas en la vida de todes en esta pandemia, para los pibes presos, también estuvo ausente. Los trabajadores de la niñez y la adolescencia que normalmente acompañan en el encierro a todes les pibes, una vez más redoblaron sus esfuerzos, tomaron las tareas de educación y generaron actividades recreativas.
La falta de conectividad en los espacios de encierro es la norma, para que «los peligrosos adolescentes no puedan conectarse con el afuera» sostienen los personajes más reaccionarios de nuestra sociedad.
Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) sostenemos que la defensa y el efectivo ejercicio de los DDHH en los lugares de encierro, especialmente en los juveniles, debe ser prioritaria y las políticas oficiales deben prestar especial atención en que dichos derechos no sean vulnerados y menos aún en que esta vulneración sea la norma ya que estos derechos continúan siendo conculcados desde mucho antes de la pandemia.
El COVID 19 puso de manifiesto la situación deplorable del Sistema de Promoción y Protección de Niños, Niñas y adolescentes que «aloja» a nuestros pibes en instituciones de encierro caducas, con presupuestos de vergüenza, dejando a les trabajadores de niñez, (que en este contexto se vuelven esenciales) desnudes de recursos y herramientas para afrontar una situación que explota por todos lados.
La pandemia fue la excusa perfecta para no disponer de más fondos, más políticas públicas inclusivas, más trabajadores y más herramientas para garantizar derechos en las instituciones de encierro de adolescentes y en sus barrios, al mismo tiempo que se invierte en los sueldos y recursos de las Fuerzas de (in)Seguridad para reprimir. La pandemia fue la excusa perfecta para sumir aún más en la precarización a sus trabajadores y profundizar las políticas punitivas sobre los adolescentes, a la vez demonizan y estigmatizan a les trabajadores y a les adolescentes.
Exigimos al gobernador Kicillof y al ministro Larroque atiendan el gravísimo estado en que se encuentran los adolescentes en contexto de encierro y se ocupen de garantizar el efectivo ejercicio de sus Derechos.
Exigimos más presupuesto para las Infancias y sus trabajadores. Políticas públicas de atención y acompañamiento a les adolescentes y sus familias.
Las muertes de nuestros adolescentes son evitables!!
Nuestros pibes no son peligrosos, están en peligro!!
NI UN PIBE, NI PIBA MENOS!!!