7 de Febrero del 2024
La denuncia exige que se investigue la actuación de las fuerzas de seguridad en la de represión en el marco del tratamiento de la ley ómnibus.
En la demanda judicial, los organismos, sindicatos y organizaciones hablan de “instrumentos de tortura”. Exigen que se investigue la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas contra la Ley Ómnibus. Estás represiones fueron ordenadas y defendidas públicamente por Patricia Bullrich y Waldo Wolff.
La denuncia hace eje en la represión llevada adelante por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación y adjunta la información recabada por las organizaciones in situ. En este sentido denuncian el uso por parte de las fuerzas de seguridad de “un compuesto químico, altamente tóxico e irritante, que, por sus consecuencias y efectos, califica como instrumento de tortura, que viene siendo usado de manera indiscriminada contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a peticionar ante las autoridades o se solidarizan con esas personas”.
Es por esto que “Resulta imprescindible determinar qué autoridades, del Ministerio de Seguridad de la Nación u otras áreas, han autorizado su uso, lo que implica su previa adquisición por parte del Estado nacional y /o de la Ciudad, así como los protocolos de su uso comunicados a las fuerzas que los vienen empleando en perjuicio de la población”-
En la denuncia se indica que, “Nos encontramos ante una grave situación de Violencia Institucional que amerita que lo aquí denunciado sea investigado, ya que arrojar sustancias químicas de alta potencialidad lesiva a las personas es altamente peligroso y dañino para la salud, y ello se potencia cuando quienes lo hacen son los integrantes de las fuerzas de seguridad estatales, que responden a una cadena de mandos jerárquica que confluye, a nivel nacional, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, hoy a cargo de Patricia Bullrich, y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, hoy a cargo de Waldo Wolff”.
Es por eso que “Debe determinarse no sólo quiénes son los funcionarios del aparato de seguridad que estuvieron en la primera línea de fila de la represión, sino quiénes son las autoridades que ordenaron el uso de estas sustancias”.
La presentación judicial está firmada por: la CTA Autónoma; Asociación Civil Instituto de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias (En Foco); Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos; Asociación Civil Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos; Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Servicio Paz y Justicia; Instituto Espacio para la Memoria; Asociación de Trabajadores del Estado; Asociación Civil Grupo de Litigio Estratégico; Asociación Civil Moreno por la Memoria; Asociación Argentina de Juristas; la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; y con el patrocinio de CORREPI, CADEP, Gremial de Abogadxs, y el Equipo de la Multisectorial de Jujuy.