*EL GOLPE
Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) denunciamos que se profundizan las políticas represivas por parte del gobierno ilegítimo y de facto de Jeanine Añez en el Estado Plurinacional de Bolivia.
El Golpe de Estado, fue impulsado políticamente por Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez y Arturo Murillo. Estos dirigentes en coordinación con grupos para-policiales de ultra derecha, junto a sectores reaccionarios de la Policía y de las Fuerzas Armadas Bolivianas cercaron al gobierno de Evo Morales hasta conseguir la instauración de una dictadura de carácter racista, supremacista y fascista. Una vez instaurado el gobierno de Jeanine Añez se desató una política de Terrorismo de Estado cuyo accionar y consecuencias fueron comprobadas por la delegación de solidaridad que viajó a Bolivia a fines de noviembre y de la que la AEDD fue parte integrante.
El golpe de estado a la República Plurinacional de Bolivia fue instigado y financiado por el imperialismo norteamericano y apoyado abiertamente por los gobiernos del Grupo de Lima, que en América Latina responden fielmente al amo del norte, como el ex presidente de nuestro país Mauricio Macri quien se negó a denunciar el carácter golpista del gobierno de facto y a dar asilo político al presidente Evo Morales y a los funcionarios y dirigentes del MAS boliviano perseguidos por la dictadura.
Macri junto a otros presidentes latinoamericanos incumplieron con el compromiso internacional de denuncia a la ruptura del Estado de Derecho al que están obligados a partir de la constitución del Unasur del que tanto nuestro país como Bolivia son parte.
El golpe fue impulsado sin disimulos por EEUU y está al servicio de los monopolios, ansiosos por saquear sin límites los recursos naturales de nuestra América Latina. Busca dar por tierra con la nacionalización de los recursos naturales llevada adelante por el gobierno constitucional y terminar con los derechos alcanzados por los pueblos originarios para volver a instalar el anterior sistema de esclavitud y humillación que tanto complacía a la oligarquía boliviana. Entendemos que estas son las verdaderas razones que impulsaron a los sectores proimperialistas y reaccionarios a la ruptura de orden constitucional.
Las potencias imperialistas, al servicio de los monopolios que representan, buscan saquear los recursos naturales en todo el mundo en su competencia por la dominación de los mercados cueste lo que cueste.
En nuestra América Latina, si bien las oligarquías nativas acuerdan la entrega de esos recursos naturales impidiendo el desarrollo independiente y sostenido de la economía y una más justa distribución, cuentan para ello con los más grandes medios de comunicación propagandizando políticas de opresión y dependencia y manejan los principales resortes del poder judicial de cada nación. Pero nuestros pueblos se levantan para frenar estos avances reaccionarios. Ejemplo de esto son: las resistencias del pueblo boliviano al golpe, la presencia y lucha callejera en todo Chile, que ya tiene tintes épicos, contra los planes de hambre de Piñera y los 30 años de continuidad de la Constitución pinochetista, la lucha de los pueblos en Colombia, Haití, Perú, Brasil, etc. En nuestro país, el pueblo mendocino se levantó y con unidad y grandes movilizaciones paró la reforma que permitía el envenenamiento del agua para beneficio de la mega minería y de su explotación a cielo abierto
*BREVE CRONOLOGÍA DE LA REPRESIÓN
La resistencia del pueblo de Bolivia desnuda el carácter fascista y racista del Golpe. Frente a una marcha pacífica que pretendía llegar a La Paz se produce la primera gran represión, la masacre de Sacaba, el 15/11/19. Sacaba es la ciudad capital de la Provincia de Chapare, departamento de Cochabamba donde hubo al menos 12 muertos.
En Senkata el 19/11/19 como parte de las protestas contra el gobierno golpista y como respuesta a las brutales represiones que se venían produciendo, se realizaron bloqueos y movilizaciones en diversas regiones, entre estas las de El Alto de La Paz, donde se bloquea una planta de gas y combustible. El gobierno golpista ordena la represión que es llevada a cabo con carros de asalto, tanquetas, helicópteros y camiones cisternas, disparando con gases y balas de plomo. La represión deja muertos y gran cantidad de heridos de balas, también hubo asesinados entre los manifestantes que trataban de socorrer a los heridos y/o trasladar a los muertos. Se registraron al menos 14 personas asesinadas (algunos refieren más de 20) y 41 heridas. La población civil rescató 9 cuerpos que fueron llevados a la Parroquia San Francisco en donde se les hicieron las autopsias. Las víctimas relatan que encontraron cuerpos en los canales de agua de Senkata, otros murieron en hospitales, mientras que algunas familias lograron ocultar cuerpos y heridos en sus domicilios.
El día 20/11/19 y ante una militarización total de la zona, miles de personas se reunieron en un cabildo (asamblea) en las inmediaciones de la parroquia 25 de Julio, donde también se velaban 8 cuerpos. Los presentes en el Cabildo fueron personas de varios distritos, pobladores de Norte Potosí, de las 20 Provincias y las organizaciones sociales Tupak Katari y Bartolina Sisa y algunas de sus resoluciones fueron:
*Masiva marcha desde Senkata a La Paz
*Justicia para los muertos heridos y desaparecidos.
*Defensa de la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios de Bolivia.
*Respeto a la Wiphala y a la mujer de pollera.
*Libertad a todos los detenidos.
*Derogación del Decreto Supremo 4078.
El gobierno de facto contesta a través del ministro de defensa, Fernando López, que las FFAA no dispararon, que al gobierno lo “sigue guiando la Biblia y la paz”
El 21/11/19 la comunidad de El Alto resuelve acompañar la comitiva fúnebre de los asesinados en Senkata bajando a La Paz, rechazando la acusación lanzada por el gobierno de terrorismo y exigiendo justicia, tal el acuerdo del Cabildo del día anterior. La marcha encabezada por los féretros también es salvajemente reprimida y en su repliegue desesperado los manifestantes no pudieron llevar dos de los ataúdes. Se produce el arresto de varias personas y la marcha debe replegarse a El Alto resistiendo la represión y persecución.
Dentro de este difícil cuadro de la situación represiva en Bolivia no podemos dejar de mencionar el caso del periodista argentino que residía en La Paz Sebastian Moro quien falleció por un supuesto accidente cardiovascular, causado por razones que se están investigando. Moro era jefe editor de un semanario denominado Prensa Rural y conducía programas radiales en Radio Comunidad y en la versión online de Prensa Rural, medios hoy hacheados y sin funcionamiento desde el 10/11/19. Los tres medios pertenecen a Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) medios de comunicación defensores de las políticas de Evo Morales y los sectores aliados en el campesinado junto a los y las indígenas. También desarrollaba reportes para diversos medios comunitarios y alternativos. Luego de la elecciones del 20/10 colaboró como cronista en Página 12 en cuya nota el 9/11 denunciaba la puesta en marcha del Golpe de Estado. Ese mismo día, el último con noticias de él con vida, se comunicó con su familia. Al día siguiente la familia a través de un allegado logra que este ingrese al domicilio de Sebastian quien lo halla en estado de semi inconsciencia. El día 11 llega su hermana para cuidarlo encontrando en el cuerpo de Sebastian señales condicen con un ACV, como lesiones internas y externas, de allí se extrae que su muerte es extremadamente dudosa. El caso de Moro se inscribe posiblemente en la cacería a los periodistas, dirigentes sociales, funcionarios públicos y a sus familiares por parte de las hordas fascistas.
Así mismo debemos mencionar el caso de Facundo Morales Schonfeld, argentino, foto reportero. Luego de avisar a su familia sobre una enfermedad de la que todavía no había sido diagnosticado, su padre pierde comunicación con él, recibiendo al tiempo una información anónima de que su hijo estaba mal y a punto de ser trasladado a un centro hospitalario en Santa Cruz de la Sierra. Al viajar a Bolivia su padre encuentra a su hijo con asistencia respiratoria y en coma. Alli se le informa que su hijo no presenta heridas recientes y se le exhibe una placa donde se ven impactos de perdigones de plomo según lo informado de vieja data y que no revisten peligro. La realidad es que facundo fue internado por una insuficiencia renal grave. Al ser informada la policía de las heridas de perdigones de vieja data se descubre que Facundo fue miembro de las FARC, a partir de allí se le imputan homicidios en un enfrentamiento con los cruceñista, en el cual no hay pruebas de que haya estado y a partir de lo cual se lo señala desde agente del gobierno venezolano, hasta ligado al narco terrorismo asociado al vicepresidente depuesto. Lo cierto es que Facundo fue trasladado sin autorización médica a un penal de alta seguridad que no cuenta con los medios para atender su grave enfermedad renal.
*SITUACIÓN ACTUAL
Las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado boliviano constituyen crímenes de Lesa Humanidad y en particular de Genocidio (persecución a un grupo racial, religioso o étnico), estos delitos que fueron comprobados por la Delegación Argentina de Solidaridad no solo continúan efectuándose sino que se profundizan: Violaciones a los derechos políticos, decenas de muertos, cientos de heridos, delitos sexuales, torturas, desapariciones y miles de detenciones (con la imposibilidad en su inmensa mayoría de poder contar con una defensa adecuada, ya que los abogados particulares son amenazados y los entes oficiales no cumplen con su deber de asistir a los detenidos). Con heridos que no son curados ante la imposibilidad de los familiares de comprar las prótesis necesarias, o con heridos que por la amenaza cierta de ser detenidos, no pueden concurrir a los hospitales, con fuertes componentes de violencia racista y misógina, con la activa participación de comandos paramilitares fuertemente armados, muchos de los cuales vienen operando desde antes del golpe como la Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Cochala, que provenientes de Santa Cruz y Cochabamba llegan con sus operaciones a todo el país, violentando a mujeres de polleras, a aymaras y quechuas, a autoridades del MAS, podemos aseverar que el Terrorismo de Estado en Bolivia continúa.
A partir del 22 de Enero de 2020 se abre una nueva y compleja situación política, siendo que ese día termina el mandato del presidente Evo (cuya renuncia no fue aceptada aún) y también el de la dictadora/senadora autoproclamada presidenta Añez y siendo que la Constitución de Bolivia prohíbe expresamente la prolongación de ese plazo, seguramente llevará al gobierno de facto a realizar alguna medida, obviamente anticonstitucional, que ilegitime e ilegalice aún más al gobierno surgido del golpe.
Se refuerza el cerco militar a la embajada de México en La Paz. El gobierno mexicano ha dado asilo a muchos perseguidos políticos por el régimen de facto de Bolivia y los golpistas pretenden tomar por asalto a la Embajada. La situación se ha tensado de tal manera que el gobierno mexicano va a acudir a la Corte Penal Internacional, ya que según afirman, tal vulneración a la soberanía, no se vio ni en los peores momentos de las dictaduras de las décadas del 70 u 80 del siglo pasado.
En estos días ingresaron fuerzas militares de civil a la localidad de Tocopaya, en el Chapare. Se llevaron equipos de telefonía y desde una camioneta interceptan y cortan las comunicaciones de esa zona, manteniendo a la población en vilo. Al mismo tiempo procedieron a detener a dirigentes políticos y sociales del lugar. Esta operación tiene por objeto el materializar la invasión al Chapare sin que se pueda mostrar al mundo esta nueva masacre que están planificando las Fuerzas Armadas Bolivianas.
Finalizando este breve cuadro de situación debemos mencionar que desde la AEDD creemos que el imperialismo norteamericano conjuntamente con los sectores reaccionarios de Bolivia, están construyendo un monumental fraude, sobre la base de la persecución y proscripción política y el Terrorismo de Estado. Este fraude a darse en las elecciones acordadas para el 2020 se haría, al igual que el golpe de Estado, de la mano de la OEA y su secretario general Luis Almagro.
Creemos que la situación de la vulneración a los derechos humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia, es gravísima y con final incierto. Continúan las resistencias de parte de los movimientos sociales y de otros sectores populares, pero a la vez se agravan las faltas de garantías individuales y colectivas. Poco a poco los indios, los campesinos, los movimientos sociales van recomponiendo a través de la resistencia y la denuncia, el tejido social roto por el Golpe. Desde la AEDD haremos lo que esté a nuestro alcance para rodear de solidaridad a los hermanos y hermanas bolivianos y bolivianas. Este informe a manera de denuncia es parte de ello, seguiremos atentos, promoviendo en las calles, en los estrados judiciales tanto nacionales como internacionales, así en todo aquel lugar en que nuestra voz sirva de vocera para comunicar lo que pasa en Bolivia.